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Identificar el origen de los alimentos
Bruselas obliga a las alimentarias a especificar el origen de los producto
Deberán identificar la procedencia de los alimentos y de su ingrediente principal
La industria alimentaria deberá especificar a partir del próximo 1 de abril de forma clara y precisa no solo el país de origen de los productos, sino también el de su ingrediente primario, evitando así cualquier tipo confusión al consumidor, tal y como está ocurriendo en los últimos meses con la venta en los supermercados, por ejemplo, de miles de jamones polacos que se venden como si fueran españoles al ser curados aquí.
Es lo que establece un Reglamento aprobado por la Comisión Europea, que modifica otro previo del año 2011, en el que se establecía ya la obligatoriedad de indicar el origen del alimento, pero no de su ingrediente principal y siempre y cuando la falta de tal indicación pudiera «inducir a engaño a los consumidores en cuanto al verdadero país de origen o lugar de procedencia de dicho producto».
A partir de ahora, «la información facilitada respecto del ingrediente primario (…) debe completar la información facilitada al consumidor en relación con el país de origen o el lugar de procedencia del alimento, y debe ser fácilmente visible y claramente legible, y, en su caso, indeleble», algo que no estaba ocurriendo, por ejemplo, en el caso de los jamones.
La especificación del país de origen de ambos, bien sea de un Estado miembro de la UE o de un país tercero, se debe hacer, además, de una forma «que sea fácilmente comprensible para los consumidores medios normalmente informados».
En caso de que las empresas alimentarias opten por indicar únicamente que el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario es distinto al del alimento debido a que existen fuentes de suministro múltiples o variables, el nuevo reglamento dice que hay que «establecer un marco que tenga en cuenta las diferentes circunstancias de la transformación de alimentos», pero garantizando siempre una información comprensible.
La entrada en vigor del nuevo reglamento europeo se produce en un momento especialmente delicado en el sector cárnico. La Asociación de Productores de Jamón de Trevelez y La Alpujarra acaban de ganar la batalla legal a Comapa, la empresa que, bajo el anterior equipo gestor, vendía jamón polaco con ofertas de hasta 25 euros la unidad, como si procediera en realidad de esta comarca granadina. La cárnica madrileña, proveedora de cadenas como Carrefour o Ahorramás, presentó una demanda en el juzgado de lo Mercantil número 11 de la capital de España, para solicitar que se eliminara la marca Jamón de la Alpujarra, algo que el tribunal ha desestimado por completo. El juez dice que esta denominación «tiene por objeto distinguir el referido producto alimenticio, informando al consumidor que el mismo procede de una zona geográfica concreta».
Comapa estaba vendiendo jamones polacos bajo las enseñas Sierra Alpujarra y Trevedul, enfrentándose así a los productores de la zona, que la acusaron de confundir a los consumidores. En la sentencia, a la que ha tenido acceso el Economista, el juez deja ahora claro que la marca Jamón de La Alpujarra «tiene por objeto identificar únicamente aquellos productos que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento de uso de la marca de garantía, certificando que los productos identificados con ella tienen unas condiciones, características y calidad que los diferencian de aquellos productos que no resultan amparados por la marca titularidad de la demandada», por lo que desestima íntegramente la solicitud de Comapa.
A diferencia del jamón de Trevélez, los jamones de La Alpujarra no tienen una Indicación Geográfica Protegida, pero sí que están reconocidos como Marca de Garantía y sometidos, por lo tanto, a un reglamento aprobado por la Junta de Andalucía. La sentencia dictada ahora resulta de una gran importancia porque los productores de Granada han denunciado también a Comapa por un presunto fraude al tratar de confundir a los consumidores españoles.
Pero el jamón no es el único caso. En los últimos años, los productores españoles están en pie de guerra contra la Administración por permitir un etiquetado que, en la mayoría de los casos, no especifica claramente el origen del lechón. La ambigüedad de las etiquetas confunde al consumidor, que cree que compra un cordero de calidad de la tierra, cuando en realidad adquiere, por un precio superior, un sobrante de ganaderías francesas enfocado a otro tipo de aprovechamientos. Javier Romera El Economista 14/10/2019
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