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Las personas con discapacidad reclaman acciones
Tras cambiar la Constitución, las personas con discapacidad reclaman acciones en sanidad
En España son más de 4,32 millones «que necesitan estar a la última». A ellos los representa Cermi. Su gerente, Luis J. Alonso, detalla las barreras de los centros sanitarios.
Las personas con discapacidad reclaman más acciones, una vez reformado el artículo 49 de la Constitución. Foto: SHUTTERSTOCK.
Carmen Torrente Villacampa Diario Médico Vie, 09/02/2024 –
«Estamos ahora en resaca temporal, tras la reforma del artículo 49 de la Constitución española», pendiente de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE), «que ha puesto de moda la discapacidad». Así se pronunció esta semana Alberto Durán, secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en la entrega del premio a la Galería de las Colecciones Reales por su accesibilidad universal; no solo por edificar sin barreras físicas, sino también por facilitar el acceso y comprensión de la información a personas con discapacidad intelectual, auditiva, visual… Además de esta distinción y de avances semánticos, ¿en qué punto se encuentra la accesibilidad de los centros sanitarios? ¿Está ahí también «de moda» la discapacidad? Hoy en día existen 4,32 millones de personas que necesitan esta accesibilidad universal.
Aparte de la discapacidad originaria (la que aparece con el nacimiento o en los primeros estadios de la vida de la persona), existe la sobrevenida, que, como subraya Cermi, «es ya la principal vía de acceso a la situación de discapacidad, superando a la originaria, además de no tener una clara correspondencia en los sistemas y dispositivos públicos de atención; por ello es preciso ahondar en su conocimiento y dimensionar su realidad para proporcionarle las debidas respuestas». Tanto es así que Cermi anunció el 6 de febrero la inminente elaboración en 2024 del I Libro Blanco de la discapacidad sobrevenida.
¿Cuál es el panorama en los centros sanitarios? Luis Javier Alonso Calzada, gerente y Comisionado Adjunto para los Cermis Autonómicos de Cermi y responsable de protección de datos, señala: «En la accesibilidad de las farmacias se trata de garantizar que todas las personas, incluidas las que tienen discapacidad, puedan acceder a todos los servicios y productos que ofrecen las farmacias, de una manera segura, eficiente y sin discriminación», Dicho esto, señala que «hay muchas diferencias entre las farmacias de nueva apertura y las que ya llevan muchos años funcionando, sobre todo en lo que atañe a la accesibilidad física».
«A veces faltan rampas, estanterías a diferentes alturas, iluminación adecuada, mostradores que sean accesibles, señalización que no siempre es clara y visible…» (Luis J. Alonso, Cermi)
¿Qué elementos físicos echa en falta? «A veces faltan rampas, estanterías a diferentes alturas, iluminación adecuada, mostradores que sean accesibles, señalización que no siempre es clara y visible», concreta. Dicho esto, rompe una lanza en favor del Consejo General de Farmacéuticos: «Han hecho un trabajo excelente en ese sentido, porque ha dado unas pautas de cómo debe ser la accesibilidad en las farmacias».
No en vano, el Consejo de COF creó en 2022 la aplicación gratuita Medicamento Accesible Plus, desarrollada con la Fundación ONCE y la Fundación Vodafone España, dirigida especialmente a personas mayores o con discapacidad visual. Permite la consulta de información actualizada sobre los más de 20.000 medicamentos autorizados en España, buscando por el nombre o mediante la captura del código de barras. Así, se accede al contenido del prospecto; se puede aumentar el tamaño de la letra, puede ser leído correctamente por un lector de pantalla, también incorpora un geolocalizador de las farmacias más próximas al usuario y permite crear un repositorio personal con la mediación habitual. también se puede configurar para que emita alertas si detecta alguna incompatibilidad (por ejemplo, intolerancia alimentaria).
Al margen de los elementos físicos, Alonso Calzada puntualiza que también falta formación en las personas que atienden a las personas con discapacidad: «Es decir, explicar el tratamiento de manera comprensible, sin mucho paternalismo… Hay que entender que todos somos diferentes y si tiene una discapacidad intelectual puede que te cueste entender algo como tomar una medicación».
Como iniciativas positivas en las farmacias destaca la campaña Escalón a la vista, del COF de Cantabria, en colaboración con la asociación EsRetina. Se puso en marcha en julio de 2023 para facilitar la accesibilidad y seguridad de la ciudadanía visibilizando los escalones potencialmente peligrosos.
Igualmente, las farmacias andaluzas han puesto en marcha una campaña que comenzó en el COF de Córdoba: código Navilens, una medida pionera en España y en el mundo para que las personas ciegas puedan localizar una botica mediante una ‘app’.
Si bien Alonso Calzada elogia la labor realizada por los farmacéuticos, en una de sus intervenciones de la jornada Accesibilidad. Soluciones desde la Farmacia, organizada por el Consejo General de COF el pasado mes de mayo, subrayó una tarea pendiente: la accesibilidad de las páginas web de las farmacias, conforme al Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos a prescripción médica, por el que se regula la venta a distancia al público. Textualmente dijo: «Es cierto que se incluyeron posteriormente, pero ahí sí que debe hacerse una labor importante. La falta de accesibilidad, en general, en las páginas web nos preocupa bastante».
¿Qué ocurre en centros médicos y hospitales? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, están adecuados los servicios de urgencia? «Exactamente igual. Muchas veces te atienden por una ventanilla, y la persona en silla de ruedas tiene que estar dando voces, de manera que al final se entera todo el mundo», detalla.
QUÉ DICE LA LEY
Sobre esto habla precisamente el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. En su artículo 19 establece cómo deben ser las instalaciones, dependencias y demás espacios físicos dedicados a servicios de carácter sanitario: «[…] dispondrán de los elementos mecánicos, electrónicos, productos de apoyo y tecnologías de asistencia, así como de personal de apoyo con preparación suficiente y adecuada que resulten necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía a estos bienes y servicios y recibir una atención apropiada».
Las infracciones contras personas con discapacidad pueden sancionarse con multas desde 301 euros hasta un millón de euros
El artículo 19.2 va más allá: «Las urgencias sanitarias se concebirán y diseñarán de tal forma que las personas con discapacidad física, intelectual, mental y sensorial, incluyendo las que tienen dificultades para comunicarse, puedan hacer un uso normalizado, cómodo y seguro de ellas. Se habilitarán formas alternativas y medios de apoyo a la comunicación para que ninguna persona con discapacidad quede excluida o vea dificultado su acceso regular a estos servicios».
Además, como explica el jurista Fernando Abelllán, director de Derecho Sanitario Asesores, existen «sanciones concretas en esta materia, que figuran en la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre); pueden ser graves (de 30.001€ hasta 90.000€) o muy graves (de 90.001€ a un millón) si llegan a impedir la prestación», detalla. En general, la norma establece que «las infracciones serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de 1.000.000 de euros»; en concreto, las leves no excederán nunca los 30.000 euros.
Al margen de lo anterior, matiza: «Una infracción indirecta sería la de no conceder las autorizaciones de apertura y funcionamiento si el establecimiento no cuenta con las medidas en esta materia que procedan (o su renovación), que pueden hacer las consejerías de salud de las comunidades autónomas si las farmacias no cumplen la normativa técnica y constructiva».
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