Residencias de mayores, la tormenta perfecta en la crisis de la COVID-19

Tras la crisis del coronavirus, algunas residencias de mayores están bajo investigación por supuestos delitos civiles y penales. En mi opinión, la percepción sobre la atención a las personas atendidas en estos centros no ha sido objetiva. Antes de generalizar estas acusaciones, convendría reflexionar sobre la realidad de estas organizaciones destinadas mayoritariamente a la atención social, no clínica, de nuestros mayores. Ciudadanos que, en la mayoría de los casos, han sido atendidos, dentro de sus posibilidades, con profesionalidad, calidad y cariño.

Analizaremos en este artículo la realidad de estas residencias antes de la crisis, sus condiciones durante la pandemia y la necesidad de que en el futuro estén adecuadamente integradas en nuestro sistema de atención a la salud, definiendo claramente sus objetivos, límites y responsabilidades.

La situación de las residencias de mayores antes la crisis

He utilizado, tras darle muchas vueltas, el término de residencias de mayores, para englobar un grupo muy heterogéneo de organizaciones que atienden ciudadanos con discapacidades física y/o psíquica que les impiden desarrollar adecuadamente las actividades básicas de la vida diaria. Esta heterogeneidad se manifiesta en la propiedad de las mismas, su tipología, tamaño y su dependencia de las Consejerías de Asuntos Sociales de las CCAA. De hecho, existen diecisiete normas de acreditación y funcionamiento diferentes, por lo que es muy difícil tener datos unificados a nivel del Estado.

En este artículo se han tenido en cuenta las cifras publicadas por el CSIC, que apuntan a que las plazas totales residenciales en España en octubre del 2019 eran 372.985, de las cuales 271.696, el 72,8 %, eran de titularidad privada y 101.289, el 27,16 %, eran de titularidad pública. Este sector está dominado por los inversores franceses y británicos, encabezados por el grupo DomusVi.

¿Suficientes? En absoluto. Estas plazas no bastan para atender la creciente demanda generada por el aumento constante de la población de personas mayores de 65 años y la implantación de la ley de dependencia.

La OMS recomienda una ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años. Las plazas de titularidad privada en España alcanzaron el año pasado una ratio de 2,93, mientras que para las de titularidad pública esta ratio fue solo del 1,09. Para compensar este déficit de plazas públicas, una parte de las plazas privadas, concretamente 130.725, un 48,11 %, están concertadas con las Comunidades Autónomas, subiendo este índice de plazas públicas + plazas privadas concertadas al 2,5, muy lejos todavía de las 5 que recomienda la OMS.

La mayoría de los profesionales de estas residencias son auxiliares de geriatría o gerocultores. Su formación empezó a estar reglada en 2006, a partir de la implantación de la Ley de Dependencia (LAPAD).

Habla esta de una formación orientada hacia el cuidado y mantenimiento de las actividades básicas de los residentes, sin formación sanitaria específica. No existe una normativa nacional sobre la ratio de otros profesionales. Es más, en la mayoría de normativas de las CCAA no se exige la presencia permanente de un médico si la residencia no alcanza las 100 plazas. Lo que da una idea de la orientación social, más que sanitaria, de estas entidades.

Incidencia de la COVID-19 en las residencias de mayores

Durante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, en las residencias de mayores se han dado una serie de circunstancias para generar “la tormenta perfecta”. No en vano se han juntado una gran concentración de personas mayores con pluripatologías, la proximidad física de los residentes, la falta de atención sanitaria de los mismos, la poca cultura de la prevención, el gran trasiego de familiares, el alto absentismo laboral y el escaso apoyo institucional que han recibido durante la crisis.

1. Por todo ello, no debe extrañarnos la altísima mortalidad que se ha producido en las residencias de mayores de nuestro país debido a la infección del coronavirus. A 21 de junio de 2020, de los 28.683 fallecidos en todas España por el coronavirus, 19.433, el 67,75%, habrían fallecido en las residencias de mayores. Estos porcentajes pueden estar incluso minusvalorados, al no tener certeza sobre el diagnóstico y causa de la muerte de muchos de los residentes fallecidos. Julio Villalobos Hidalgo. Profesor Asociado y Director Académico de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Como era de esperar, existe una gran correlación (0,992) entre los fallecimientos totales en cada CCAA con los fallecimientos en las residencias de las mismas. Y también entre el número de plazas por cada 100 personas mayores de 65 años en residencias de las distintas CCAA y el % de fallecidos en dichas residencias (0,741).

Como ya hemos comentado, el objetivo de las residencias es la atención social de sus residentes. De ahí su dependencia de las Consejerías de Acción Social de las CCAA, y no de las Consejerías de Sanidad.

Una gran parte de estas residencias son de tamaño pequeño y medio, sin la exigencia de un médico permanentemente en las mismas, y mayoritariamente privadas. Sus protocolos indican que cuando un residente tiene una complicación aguda debe ser trasladado a su hospital de referencia. Por todo ello, estas residencias no están preparadas para atender pacientes con patologías severas como son las que se dan en las personas mayores infectadas por el coronavirus.

Al no tener estas residencias un objetivo sanitario, tampoco han desarrollado los protocolos de prevención adecuados como hubiera sido deseable en esta crisis. Crisis que, por cierto, ha cogido desprevenidos incluso a los grandes hospitales de nuestro país.

Por otro lado, uno de los fines de estas residencias es mantener una máxima relación entre los residentes y sus familiares. Esta medida, que en condiciones normales es muy positiva, en la pandemia ha sido negativa, ya que suponía un mecanismo de transmisión muy eficiente del virus. La prohibición de entrada a los familiares, medida no fácil de implantar, se realizó de una forma muy tardía. Un hecho que sin duda contribuyó a la entrada y difusión del virus en muchas de estas residencias.

Otro problema a tener muy presente es que el sector de las residencias sociosanitarias destaca por su alto absentismo laboral. Concretamente 7,6%, por encima de la media de todos los sectores que fue del 4,7 % en el último trimestre de 2019. Probablemente se deba al esfuerzo y la carga emocional que su trabajo requiere. Lo que parece indiscutible es que este absentismo dificulta una formación adecuada de estos profesionales por la alta rotación de los mismos.

El problema es que, a pesar de que el 5 de marzo de 2020 el Ministerio de Sanidad dictó un documento de recomendaciones para estas residencias, hasta mediados de abril la mayoría de estas recomendaciones no se pudo llevar a cabo. Entre otras cosas por la falta de suministro de los test de prueba para poder conocer la realidad en cada una de las residencias.

Es más, ni siquiera se dotó al personal de estos centros de los materiales mínimos de protección, al igual que ocurrió en muchos hospitales. Hasta el 4 de mayo de 2020 la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología no publicó las “Recomendaciones para el manejo de la epidemia de COVID-19 en Residencias de mayores”.

Las residencias de mayores en la “nueva normalidad”

En esta nueva situación a la que nos enfrentamos, deberíamos mejorar la ratio de plazas para atender a nuestros mayores. Positivo en general, pero negativo en caso de pandemias, por lo que una de las medidas a tener en cuenta en el plan de contingencia debería ser trasladar a una mayoría de estos residentes a otras estructuras sanitarias que permitan su aislamiento, sobre todo a los afectados por pluripatologías.

Además, en el futuro estas residencias deberían estar perfectamente integradas en el sistema nacional de salud, con una relación permanente con el centro de atención primaria al que los residentes estén adscritos, así como a su hospital de referencia. A estas estructuras de apoyo deben derivar los residentes ante cualquier complicación.

La implantación de las nuevas tecnologías debería evitar desplazamientos de estos residentes, así como mantener actualizada e integrada su historia clínica para facilitar su atención en cualquier dispositivo asistencial de su área de salud.

Por otro lado, quizás la dependencia orgánica y funcional debería ser de las Consejerías de Salud, que deberían velar no solo por controlar el cumplimiento de las características estructurales de las residencias (dimensiones de las habitaciones, ratio de personal, número de extintores…) sino también por sus resultados sobre calidad de la atención de los residentes en base a unos parámetros de calidad asistenciales contrastados.

Sería deseable que a nivel nacional existiera una homogeneización sobre todos estos criterios, así como los de acreditación y permiso de apertura de estas residencias.

Tal como ponía de manifiesto la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPA, en un comunicado del 5 de mayo de 2020:

“En muchos de los centros se han vivido situaciones inenarrables. Con el tiempo y con más información y perspectiva, podremos analizar a fondo lo que ha sucedido y sus causas. Pero lo que sabemos hoy es terrible y conviene decirlo con claridad. A la vez que hay que agradecer a las personas cuidadoras de estos centros, que han pilotado el barco lo mejor que han podido”. Publicado en The Conversatio 9 julio 2020

Autor Julio Villalobos Hidalgo. Profesor Asociado y Director Académico de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, UOC – Universitat Oberta de Catalunya